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Denuncia

Denunciaron violencia institucional, persecución y torturas en Formosa

Ismael fue torturado con el propósito de que revelara la clave privada de su celular, del cual finalmente borraron definitivamente todos sus videos. Tras estos sucesos, fue trasladado a un descampado, a la pista de avión, donde continuó recibiendo golpizas, siendo retenido con distintas técnicas de tortura.

 

Diputados nacionales y de la provincia, denunciaron al gobierno de Gildo Insfrán ante el INADI a efectos de que intervenga en los graves hechos de violaciones a los DDHH. por parte de la policía de la provincia en Ingeniero Juárez.

Los referentes políticos de la Coalición Cívica,  Mónica Frade (diputada de la nación), Maximiliano Ferraro (diputado de la nación), Paula Oliveto Lago (diputada de la nación), Mariana Stilman (diputada de la nación), Leonor María Martínez Villada (diputada de la nación), Laura Carolina Castets (diputada de la nación), Victoria Borrego (diputada de la nación), Rubén Manzi (diputado de la nación), María Lujan Rey (diputada de la nación), Dina Rezinovsky (diputada de la nación), Gabriela Neme (diputada provincial de Formosa), Elisa Carca (senadora provincial de Buenos Aires), Maricel Etchecoin Moro (diputada provincial de Buenos Aires), María Lucila Lehmann (diputada de la nación con mandato cumplido) pidieron que el estado nacional intervenga para hacer cesar los abusos de la policía de la provincia de Formosa.
Pidieron que se desplieguen de manera urgente  todos los resortes estatales a disposición, para garantizar la integridad psicofísica de las víctimas, sus familias y el pleno ejercicio de la Justicia en resguardo de este objetivo.

Además  se intervenga a efectos de obtener la exoneración de la fuerza de quienes, a cargo de las comisarías en donde se realizaron torturas o permitieron que lo haga su personal subalterno.
La presentación viene a colación de lo ocurrido el día domingo 15 de mayo en Ingeniero Juárez donde la docente identificada como Delia Cruz embistió con su automóvil a un menor de la Comunidad Wichi de 16 años, provocándole severas lesiones en zona dorsal de columna y zona abdominal, que lo condujeron a ser internado en el Hospital Eva Perón de Ingeniero Juárez.
En la Comisaría de Chiriguanos, a 30 minutos de Ingeniero Juárez, no pudieron hacer la denuncia, porque la policía les negó el derecho. Sus padres y tío, ante tamaña impotencia, se retiraron del lugar, adelantando que denunciarían públicamente en la prensa lo que estaba sucediendo.

Sus familiares regresaron al Hospital Eva Perón y, a los pocos minutos, un grupo de policías no identificados los sacaron por la fuerza del interior del nosocomio. Frente a esto, gente del lugar y personal intentó interferir para que no los llevaran. En ese entrevero, se produjo una enorme gresca que ha quedado perfectamente registrada en imágenes y videos; de dichos registros, puede advertirse claramente la violencia física desatada por los uniformados, de la que resultaron víctima de lesiones tanto la madre del menor hospitalizado, Lorena Frías, como su tío, Leonardo Ibáñez.
Fueron conducidos a la Comisaría de Los Chiriguanos, aprehendidos por espacio de una hora y liberados bajo los cargos de “lesiones, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública” (sumario N.° 234/22).

Más grave aún fue lo sucedido con el padrastro del joven atropellado, de nombre Ismael, de quien no se dio información, aunque pudo saberse que, tras un tiempo prolongado y hasta altas horas de la noche, estuvo en la Comisaría de Ingeniero Juárez a cargo del Comisario Martín Obregón, quien lo mantuvo oculto.

Por razones que se ignoran, es trasladado a la madrugada a la Comisaria de Chiriguanos, a cargo del Comisario Jaime Javier Ortiz. Ismael es alojado allí durante toda la noche, negándosele
ropa de abrigo, violando la privacidad de su telefonía móvil y finalmente torturado. Desde hace tiempo, Ismael padece de neumonía crónica, por lo que ese trato degradante lo colocó al límite de su supervivencia. Las imágenes de Ismael, del día de la fecha, lo muestran severamente lastimado en su rostro, con heridas en el ojo, en la nariz, pero también en su cuerpo, con lesiones en el codo, en los dedos, en la rodilla y en sus costillas, cuyas marcas dan cuenta de la golpiza brutal que Ismael recibió de parte de las fuerzas de seguridad.

Siendo ulteriormente consultado, pudo averiguarse que, además, fue torturado con el propósito de que revelara la clave privada de su celular, del cual finalmente borraron definitivamente todos sus videos. Tras estos sucesos, Ismael fue trasladado a un descampado, a la pista de avión, donde continuó recibiendo golpizas, siendo retenido con distintas técnicas de tortura.
La intervención de la diputada provincial Dra. Gabriela Neme, interponiendo una excarcelación, permitió obtener la información señalada, dado que, durante horas, su familia ignoró el paradero de Ismael.
La juez competente a cargo de todo esto pertenece al Departamento Judicial de Las Lomitas, a saber, la Dra. Plaza.

Expresaron que: “El régimen del gobernador Gildo Insfrán puede mantener las formas republicanas como lo han hecho otros caudillos provinciales, como Saadi en Catamarca, o bien Juárez en Santiago del Estero, siguiendo el modelo latinoamericano que tan bien describió Jesús de Galíndez en su obra La era de Trujillo. No obstante, esas formas no se corresponden con el ejercicio real del poder, cuya irregularidad se ve reflejada en estos abusos de las fuerzas de seguridad, totalmente descontroladas, pero habilitadas por el poder político que, lejos de sancionarlas, les confirma continuidad.

Para finalizar afirmaron que: “Como corolario, no puedo menos que citar un famoso texto del filósofo italiano Giorgio Agamben, quien ha expuesto, como pocos, las dos variantes más recurrentes que, en los casos como en los que acabamos de relatar, reviste y despliega el aparato estatal, esto es: un Estado de Excepción y un Estado de Emergencia. El primero instala la posibilidad de imaginar y alucinar nuevos horizontes de comunidad”.

Durante la pandemia, fueron numerosas las recomendaciones de la CIDH, las cuales, en todos los casos, ponen especial énfasis en la necesidad de garantizar la integridad de las personas, el ejercicio de sus derechos fundamentales y el acceso a la justicia en resguardo de derechos y libertades. En suma, los Estados como garantes, no como autores de esas violaciones.

Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que forman par tedel derecho argentino, obligan por igual a las provincias. Esto surge del artículo 31 de la Constitución Nacional”.

 

(El Comercial)

 

 

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