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Agostina Villaggi: “Por más que la Provincia apele, el fallo ya está vigente”

La abogada se refirió a la validez de la decisión de la Justicia Federal que declara la inconstitucionalidad del cobro de $ 5.000 en concepto de hisopados para poder ingresar a Formosa, y pidió denunciar cualquier intento de exigir el pago de esa suma de dinero.

Agostina Villaggi aseguró que el Gobierno de Formosa tiene que cumplir el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordena el cese del Protocolo que exige el pago de $ 5.000 en concepto de hisopados para poder ingresar al territorio, y evaluó que “por más que la Provincia apele, el fallo ya está vigente”, debido a que se trata de “una acción de hábeas corpus” y ese tipo de acciones “deben cumplirse de manera inmediata, más allá de la apelación”.

“Esto ya fue ratificado por distintas instancias judiciales, que le han dicho a la Provincia que debe cumplir con los fallos judiciales, más allá de que se intente un recurso. Lo único que le queda a la Provincia es intentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano superior que está por encima de la Cámara Federal de Casación Penal”, precisó.

A continuación, la letrada relató que el equipo de abogados y abogadas que integra inició en abril de este año, a los pocos días de la implementación del Protocolo que exigía el pago de $ 5.000 en concepto de “arancel por testeo” para poder ingresar a la Provincia, una “acción de carácter colectivo” para que beneficie a cualquier persona que quiera ingresar al territorio provincial.

“Eso tuvo su derrotero judicial. En la primera instancia, en el Juzgado a cargo de la doctora Belén López Macé, fue un fallo adverso. En ese momento, la jueza justificó el Protocolo de Ingreso. Dijo que la medida era ‘razonable’. Nosotros apelamos ante la Cámara Federal de Resistencia, que también convalidó el fallo de la doctora López Macé. Finalmente, llegamos a una instancia superior, que es la Cámara Federal de Casación Penal, que está en la ciudad de Buenos Aires, y que entendió que nuestros argumentos eran válidos”, explicó Villaggi.

A su vez, la abogada detalló que la Cámara Federal de Casación Penal dio la razón al planteo efectuado por el grupo de letrados y letradas de la Unión Cívica Radical al entender que “este Protocolo de Ingreso que exigía el pago de $ 5.000 era inconstitucional, porque violaba derechos fundamentales y garantías constitucionales, como el derecho a circular libremente por el territorio nacional y el derecho a la igualdad, porque sólo podían ingresar a la provincia aquellas personas que podían pagar, y muchos otros derechos, como el de tener un vínculo afectivo, porque hubo niños separados de sus padres”.

“También, el Protocolo afectaba el derecho a trabajar, porque la medida perjudicó a muchas personas que debían circular de una provincia a otra. Por suerte, tuvimos un fallo contundente, de alcance colectivo y que ordenó el cese inmediato de esta ‘Aduana interna’. Ahora, la Provincia tiene que cumplir esta orden judicial, porque es de cumplimiento inmediato”, remarcó.

La UCR entiende que se puede reclamar el reintegro 

Por otra parte, la profesional subrayó que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal beneficia a toda aquella persona que quiera ingresar al territorio por cualquier paso habilitado. “Si se exige el cobro de los $ 5.000 a alguna persona, la Provincia estaría incurriendo en un delito, que es el incumplimiento de una manda judicial. En ese caso, lo que tiene que hacer la gente es denunciar esa irregularidad”, advirtió.

“Nosotros entendemos que aquella persona que ya pagó los $ 5.000 tiene derecho a reclamar, porque la norma fue declarada inconstitucional. La Justicia le dijo a la Provincia que lo que hizo estaba mal, así que entendemos que hay que reclamar ante la Defensoría del Pueblo, que tiene la legitimación colectiva para hacer este tipo de reclamo y de defensa de los ciudadanos”, opinó.

En otro orden, Agostina Villaggi restó importancia a la críticas manifestadas desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y aseveró que el grupo que integra no cuestiona la realización de hisopados para poder ingresar a la provincia, sino “el carácter económico y violatorio de derechos constitucionales”, y adelantó que el sector que representa se dedicará a “luchar” para lograr que se restablezca el ingreso de los colectivos de larga distancia al territorio provincial, al igual que para extender el horario de atención al público del sector gastronómico y de otros rubros comerciales.

 

 

 

 

 

 

 

 

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