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Reactivaron la construcción del “Palacio de la Corrupción”

La obra situada frente a la Plaza San Martín conocida popularmente como “El Palacio de la Corrupción” ha comenzado a ser intervenida por una empresa constructura.

Ubicado sobre calle Sarmiento y avenida 25 de Mayo tiene siete pisos y un subsuelo para estacionamiento y albergará una vez finalizada la obra a toda la estructura del Poder Legislativo.

La construcción fue cuestionada judicialmente en su momento y financiada por Nación -tiempos de Carlos Saúl Menem- y motivó un expediente judicial que nunca prospero.
Los dineros de los certificados los pagaba la Legislatura cuando era vicegobernador Gildo Insfrán del entonces gobernador Vicente Joga.
Se habló de 100 millones de dólares que nunca aparecieron.
Reactivación
“Era una estructura que estaba muy bien ejecutada, lastimosamente estuvo mucho tiempo abandonada y tuvimos que hacer un trabajo de recuperación de estructura, de patologías, que nos llevó mucho tiempo, reforzar algunas partes que requerían alguna solución estructural. Una vez terminado, se empezó el trabajo grueso que se está ejecutando, que es contra pisos, pisos, instalaciones eléctricas, sanitarios, y por supuesto con las divisorias interiores” explicó el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, arquitecto Juan Carlos Valdés.

Un poco de historia

La obra del Palacio de la Legislatura fue aprobada por la legislatura provincial en el mes de noviembre de 1987 bajo el gobierno de Floro Eleuterio Bogado, hoy vicegobernador. Luego tuvo innumerables beneficios durante el periodo del Dr. Vicente Joga y cayó finalmente en desgracia bajo la mano del actual gobernador.

El derrotero de la fallida obra tomó cuerpo con la Resolución Nº 480 del 25 de agosto de 1987, donde la Legislatura provincial cedió a la Empresa Viggiano Construcciones la obra del Poder legislativo. A su vez, meses después pero en el mes de noviembre de 1987 se le reconoció a la misma empresa una diferencia a su favor de 30% en intereses como un “anticipo financiero” y si el pago fuera documentado a 90 días con un interés anual del 192, 45% por otra parte si fuera a 120 días el interés sería del 206,32%.

También en el mes de noviembre del año 1987 y por resolución se aprobaron los planos y el presupuesto del palacio legislativo.

El año 89 y también con dinero del presupuesto público se contempló otro reclamo que implica un pago reclamado por la empresa Viggiano, la cual se aprueba en la resolución 617/89.

En la sesión del 12 de julio del 1990, nuevamente los diputados provinciales actualizaron los gastos y costos de la obra autorizándose a incrementar las partidas presupuestarias específicas.

Ya en el primer gobierno del gobernador Insfrán, la empresa Viggiano Construccciones cayó en desgracia y la misma legislatura que años atrás le reconocía interminables actualizaciones en detrimento del presupuesto provincial, ahora creía necesaria la desvinculación contractual de la empresa con respecto a la obra del “Palacio Legislativo Provincial”.

Es así que se encomendó a la presidencia nata de la Cámara por la Resolución 947/96 para que se estudien las alternativas técnico jurídicas para esta rescisión contractual.

Finalmente el 29 de mayo de 1997 la legislatura provincial decidió rescindir el contrato entre la legislatura de la provincia de Formosa y la empresa Viggiano Construcciones, cesionaria de la empresa de Sucesores de Francisco María Sierra por culpa imputable a la empresa contratista.

El escándalo a nivel nacional

En el año 1996, el por ese entonces senador nacional Alberto Maglietti (ya fallecido) presentó ante el juzgado criminal y correccional federal de Jorge Urso una denuncia por malversación de caudales públicos, en la que involucraba a los ministerios del Interior y de Economía de la Nación, al gobierno justicialista de Formosa y a la empresa constructora Viggiano. Según Maglietti, el Estado nacional “tomó a su cargo el pago de 32.550.000 pesos” (a valores del año 1996) para la construcción de la Legislatura formoseña, a pesar de que la obra ya estaba paralizada y cuyo valor de base no superaba el millón de pesos.

Maglietti aseguró en ese entonces que ese monto “cayó en el agujero negro provincial, pues la Legislatura no ha recibido un solo peso para continuar la obra, siendo que es ella la deudora, mientras que los fondos fueron repartidos entre el Banco de la Provincia de Formosa, sin atribución legal alguna y la empresa Viggiano Construcciones a la que le debería haber pagado su comitente y no el Banco, que era su acreedor”.

En oportunidad de que el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, brindó su informe bimestral ante el Senado, Maglietti le expuso públicamente el problema.

Entonces, señaló como dato relevante de lo que considera ha sido una malversación, que la empresa citada ya había realizado una quita de más de 54 millones de pesos a la deuda.

Rodríguez respondió por escrito a las inquietudes del legislador. “La Nación cancela la deuda porque existe y es legítima, porque alivia a la provincia mejorando sus finanzas y posibilitando la continuación de la obra (…) a lo que se agrega el interés del Estado nacional de sanear las finanzas del banco para posibilitar su privatización.

“El Estado nacional -dice Rodríguez en el texto al que tuvo acceso La Nación- no puede presuponer irregularidades, máxime en un tema donde participan el Poder Ejecutivo de Formosa y la Legislatura, lo cual equivaldría a suponer un estado de ilegalidad generalizado, cuando nos consta el estado de derecho imperante en esa provincia.”

Ofuscación

Decididamente ofuscado, Maglietti le envió una carta documento en la que lo refuta, al decir que “el verdadero interés” de la Nación fue “sanear las finanzas” del banco formoseño y que “lo único que se ha conseguido con el envío de esos fondos es contribuir a la malversación”.

Respecto de que el Estado nacional no puede presuponer irregularidades donde participa uno provincial, dijo que esa afirmación es “absurda y arbitraria desde el momento en que con la denuncia realizada surge claramente que funcionarios formoseños han incurrido en prácticas corruptas que originaron denuncias penales”.

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