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La Procuración Penitenciaria de la Nación denunció la violación de derechos humanos en los centros de aislamiento

Cuestionan “el autoritarismo y la prepotencia” del Gobierno de Insfrán. El informe detectó situaciones que la Secretaría de Derechos Humanos obvió.

En el mes de febrero, la Procuración Penitenciaria de la Nación realizó un monitoreo en Formosa sobre el funcionamiento de los centros de aislamiento para los casos positivos de COVID19 y los contactos estrechos.

Desde el organismo detectaron violaciones a los derechos humanos y le pidieron al Gobierno de Gildo Insfrán que “cese la prepotencia y autoritarismo con que actuaba y actúa la policía de la Provincia, siendo que –en muchos casos – y especialmente mujeres y niños no habían cometido ningún delito”.

La Procuración Penitenciaria es un organismo del Poder Ejecutivo de la Nación, creado en el año 1993, que funciona como un “Ombudsman sectorial” en el control de la administración en lo que respecta al rol de custodia de las personas sometidas al encierro carcelario.

El informe presentado en marzo, al que accedió La Rotonda, fue realizado desde el 4 de febrero con el propósito de monitorear los centros de detención y los centros de alojamiento preventivo, como organismo público defensor de los derechos de las personas privadas de libertad y miembro permanente del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura.

El Delegado Regional de Centros No Penitenciarios de la Frontera Norte, Oscar Zacoutegui y el asesor legal Fernando Genesini, realizaron el monitoreo en la provincia de Formosa según lo solicitado por el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo.

El documento final contiene 9 puntos finales que contrastan con el relevamiento realizado por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en su visita a Formosa.

A los funcionarios de la Procuración Penitenciaria no se les permitió el ingreso a los a los Centros de Alojamiento Preventivo, por impedimento de las autoridades a cargo de estos lugares. El informe sostiene, igualmente, que se pudo constatar con familiares y con personas privadas de la libertad “diversas falencias”.

Los integrantes de PPN pudieron notar que hubo “diversas vulneraciones de Derechos Humanos como ser el Derecho al acceso a la información, a la ley de protección contra violencia a la mujer, a la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras”.

El informe final sobre los CAP establece que “no existía un centro médico o un hospital de campaña instalado exclusivamente para atender pacientes de Covid-19”. Y que “se dispusieron centros de aislamiento, pero no había un lugar específico que contara con médicos, enfermeros y terapistas para atender a las personas. Se relevó que en algunos casos atendieron asistentes sociales y en otros la policía”.

A su vez, del análisis realizado en la política sanitaria implementada por Insfrán que “en innumerables casos sobrepasan” los 14 días de aislamiento como contacto estrechos porque “los deficientes análisis (hisopados) generaban contradicciones que el Consejo de Salud no terminaba de dilucidar si esa persona hisopada estaba contagiada o no”.

Duros términos

En el punto final del relevamiento de la PPN se reservan unas observaciones y alegaciones que consideren necesarias para la política sanitaria implementada por el Gobierno provincial

⛔ Que cese la prepotencia y autoritarismo con que actuaba y actúa la policía de la Provincia, siendo que –en muchos casos – y especialmente mujeres y niños no habían cometido ningún delito, para encontrarse en un contexto de encierro tan estricto como es el que se practica, para casos en que el hisopado les da NEGATIVO.

⛔ Que se repare la falta de Información, ante la solicitud de a que lugar los trasladan y de resultados de los hisopados.

⛔ Que cese la prepotencia de algunos agentes de salud al negarle información sobre los resultados de hisopados.

⛔ Que el Gobierno analice y verifique la idoneidad de quienes llevan a cabo los estudios de los hisopados.

⛔ Que se realicen pruebas de Serología – análisis de sangre – que se hace para determinar si se tuvo Covid-19, ya que los hisopados realizados por el Gobierno fueron inconsistentes y contradictorios.

⛔ El Gobierno de la Provincia no ha contemplado la afectación psíquica (angustia – estrés) ocasionado a aquellas mujeres con hijos/as en lugares o Centros de Alojamiento. Se evidenció y comprobó la falta de participación de los Asistentes Sociales incidencia que no tuvieron en el acompañamiento de las acciones del Consejo de Salud, siendo suplido por el accionar de la policía.

⛔ Que el Gobierno garantice el suministro de elementos suficiente de higiene a las personas alojadas en los Centros de Aislamiento Preventivo, y verifique que los mismos tengan baños y / o instale baños químicos en la cantidad suficiente conforme las personas alojadas.

⛔ Que el suministro de alimentos a los alojados sea de la misma calidad, cantidad nutricional y no que exista en algunos Centros de muy baja calidad nutricional.

⛔ Por acción u omisión se han afectados derechos regulados –antes mencionados- que independientemente de la pandemia que asola al mundo y teniendo en cuenta los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial (Restricciones), no debían soslayarse, porque son inherentes al ser humano como Derecho Natural de su propia esencia y de su vida en familia.

A la vez, los funcionarios de PPN recabaron información documentada y realizaron averiguaciones con diversas fuentes para verificar la legalidad de los centros de alojamiento preventivo (C.A.P). En tal sentido, no obtuvieron información ni detección de la existencia de centros clandestinos de alojamiento dentro de la Capital de Formosa.

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