Los líderes legislativos del radicalismo, Miguel Montoya en el Concejo capitalino y Ricardo Carbajal en la Legislatura, en conjunto con el Presidente de la UCR Martín Hernández, presentaron una denuncia penal contra José Luis Alloi, el dirigente gildista que amenazó públicamente a las personas que concurren a las marchas contra el Gobierno.
Patrocinados por los abogados Juan Montoya y Agostina Villaggi, los radicales aseveran en su presentación que “en nuestro carácter de autoridades partidarias y legislativas de la UCR de Formosa, tenemos el deber de asegurar los beneficios de la libertad de expresión y el pleno goce del ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y derechos políticos que nos toca representar como integrantes de cuerpos orgánicos partidarios, consideradas como instituciones fundamentales de la democracia, extensivo a todos los afiliados de la Unión Cívica Radical que quieran expresarse, opinar, manifestarse y llevar adelante todas las acciones que en el marco de la ley estimen pertinentes, y máxime aun cuando tales expresiones, constituyen el marco de acciones derivadas de la representación política surgida del voto popular, por parte de nuestros legisladores”.
“Defendemos los derechos de cada uno de los que se manifiestan, reclaman, protestan, se expresan y convocan a otros a hacerlo, pues están haciéndolo contra medidas que no superan –al decir de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación- un test de razonabilidad, y la forma de hacerlo, representa un derecho, el de reclamar a las
autoridades; por sus derechos vulnerados, restringidos hasta incluso prohibidos, de trabajar, ejercer una industria lícita, comerciar, circular, y transitar por el territorio nacional, recibir e impartir educación, incluso también reclamar por el derecho a la salud, comprensiva de aspectos, físicos, pero también mentales”, indicaron.
Montoya
En diálogo con este medio, el Concejal capitalino Miguel Montoya afirmó que “la protesta social que reclama sentido común a sus gobernantes no puede nunca tener como respuestas instigaciones ni amenazas de ningún tipo. El Gobierno y sus voceros están a tiempo para encarrilar la situación y garantizar un clima de paz y trabajo para todos los formoseños”.
“Las personas que no piensan igual no pueden ser consideradas enemigos. Por eso los dirigentes políticos o los que así se denominan tienen la responsabilidad de no generan amenazas públicas a las personas por manifestarse públicamente. Y cuando esto ocurre es la Justicia la que debe intervenir para poner las cosas en su lugar”, sostuvo.
Por último, recalcó que “la política es compromiso ciudadano y se debe desarrollar en el campo del debate de ideas, las manifestaciones populares masivas encuentran generalmente sustento en causas justas, estas que nos toca comprobar en Formosa hoy tienen que ver con ciudadanos que piden libertad para trabajar, ni más ni menos, sienten que su gobierno equivoca el camino y además no los escucha, llevándolos a muchos a la angustiante situación de no poder generar con su trabajo lo indispensable para mantener a sus familias”.
¿Qué dijo Alloi?
