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Piñeiro y Montoya asisten a vecinos e insisten con declarar la emergencia habitacional en la ciudad

Los concejales del radicalismo, Gerardo Piñeiro y Miguel Montoya continúan asesorando a las familias en situación de vulnerabilidad habitacional. Ayer, visitaron el barrio 6 de enero.

“Asistimos a  3 madres que junto a sus parejas y 9 hijos viven en la vereda de una vecina del barrio”, comentó Montoya.  “Bajo una casilla muy precaria armada con chapas, lonas usadas y nylon duermen en 1 cama los menores y los padres por turnos sentados en sillas plásticas que les donaron”, describió.

“Hace varios años tienen presentaciones hechas para viviendas asistenciales y/o módulos habitacionales. Además hoy recibieron amenazas de funcionarios acusándolos de ‘provocar un riesgo a sus hijos menores’”, comentó.

“Sorprende la desprotección y falta de empatía de un gobierno que destruyó con la mala política programas de reordenamiento urbano”, sostuvo.

Por estas razones, el concejal Piñeiro insiste en que “se tiene que declarar en forma urgente la emergencia habitacional y tratar correctamente el problema y dar soluciones a los vecinos que vienen postergados tantos años”.

El edil fue crítico de la política habitacional del Gobierno: “Hace 36 años que gobiernan la provincia y nuestro pueblo todavía no puede vivir dignamente. Nos hablaron tantos años de las conquistas e igualdad social, y llegamos al año 2021 y en nuestra ciudad tenemos la mayor desigualdad social de la historia”.

“Los barrios crecen y desarrollan irregularmente no tienen redes de agua potable, luz, alumbrado, cloacas, calles, espacios verdes ni recreativos, la municipalidad no presta los servicios de recolección de basura, alumbrado y limpiezas de los baldíos, no brindan el servicio de colectivos urbano”, criticó.

Piñeiro aseveró que “la mitad de las familias formoseñas viven hacinados en viviendas precarias y el estado no puede darles respuesta. Las pocas ofertas habitacionales dan el marco propicio para que los punteros políticos hagan sus negocios con la necesidad y desesperación de la gente”.

“Los que necesitan un módulo no pueden presentar sus solicitudes para que se les adjudiquen porque no tienen el aval de un dirigente político y los vecinos se tienen que convertir en delincuentes con causas penales por cortar calles para ser escuchados”, aseguró.

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