La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar a la presentación de la acción de Habeas Corpus efectuada por los abogados Juan Sebastián Montoya y Emanuel Zieseniss en favor de Luis Alejandro Dávalos, el joven clorindense de 25 años que el pasado 21 de Enero fue detenido agredido brutalmente por la policía en la ciudad de Clorinda y luego trasladado incomunicado a Pirané.
En aquella oportunidad los letrados, Montoya y Zieseniss solicitaron su inmediata liberación a fin de realizarse estudios médicos urgentes vinculados con las lesiones que habría sufrido al momento de ser detenido por la policía provincial. Los abogados comentaron a este medio que al Sr. Dávalos se le imputaron los delitos de Infracción al Art. 205 y 239 “Atentado y resistencia contra la autoridad” cuya excarcelación se le concedió, por lo cual, su situación procesal cambió a ser “aislado preventivo” respecto a los delitos que se le imputan. Además el hisopado (PCR) que se le realizó (según lo que la policía le trasmitió verbalmente al Sr. Dávalos) dio como resultado NEGATIVO a COVID-19, sin embargo aún se encontraba privado de su libertad en el “Hotel Gran Victoria” de la ciudad de Pirané.
Luis Davalos relató: “Yo fui al mercado a comprar y de golpe me llegaron con culatazos y todos los del mercado vieron cómo me golpearon, no es algo que estoy inventando. Luego me llevan directamente a Pirané, con una túnica con esposas como si yo fuese un delincuente, tanto cuando me detuvieron como en el trayecto me querían romper las piernas porque en teoría no me dejaba esposar. Les pedí que me llevaran pero que me dejaran de golpear y me decían “deja de ser maricón” y me pegaban más fuerte, entre 8 a 9 policías. Me llevaron a Pirané para esconderme, porque tenía muchos golpes para que la gente no vea porque si me llevaban a un centro de aislamiento ahí tienen celulares y a mí me lo quitaron, es decir mi celular se partió, me quitaron la billetera”.
Los abogados patrocinantes aseguran que “este es un claro supuesto de violencia institucional y violación de los derechos humanos, que ya ha sido puesto en conocimiento de Amnistía Internacional”.
En la denuncia, Dávalos relata el infierno que vivió durante su detención irregular: fue interceptado violentamente, posteriormente golpeado a mansalva, detenido y trasladado sin posibilidad de comunicarse hasta Cabo Primero Noroña, para terminar aislado en un hotel de Pirané. Una odisea digna de las páginas más trágicas de nuestra historia.
Por ello, Montoya y Zieseniss apuntan contra los funcionarios con responsabilidad en el área denunciando que incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, entre otros.
“La emergencia sanitaria no habilita la vulneración del derecho de protección de los datos personales, ni tampoco del derecho a la privacidad. Por el contrario, es indispensable que las medidas diseñadas para prevenir el contagio garanticen los parámetros consagrados en la normativa nacional y los criterios que la comunidad internacional ha esbozado en este contexto” expuso el tribunal federal.
