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Opinión

Formosa, la provincia con derechos suspendidos

Por Emilio “Búho” Cornaglia, ex Presidente de la Federación Universitaria Argentina

Argentina es un país tan extenso como diverso: cada una de sus 24 jurisdicciones provinciales tiene características propias que la diferencian de las demás. Formosa se destaca -entre otras cosas- por su biodiversidad y sus ríos, pero más aún por cuestiones políticas. Gildo Insfrán ostenta el récord de 33 años en la cúpula del poder provincial, ocho años como vicegobernador de Vicente Joga y desde 1995 hasta la fecha como gobernador, luego de una reforma constitucional en 2003 que permitió la reelección indefinida.

Las medidas dispuestas por el Presidente en el DNU 297/2020 fueron tomadas al pie de la letra en esta Provincia, donde el ASPO debió cumplirse a rajatabla y sin contemplaciones. A fines de mayo, tras una de las sucesivas extensiones del decreto, la gestión de Insfrán fue reconocida por el Alberto Fernández al destacar su “obsesión para que sus coprovincianos vivan mejor” luego de lo cual se fundieron en un abrazo -sin barbijo- que contrariaba lo dispuesto en el mencionado decreto. Haz lo que digo, pero no lo que yo hago.

Por la Ruta Nacional 11 -yendo desde Santa Fe hacia el Norte- se atraviesa el Chaco para llegar a la Provincia de Formosa. Ahí, en la ciudad chaqueña de Eva Perón, ciudadanos formoseños cuyo ingreso era negado por las autoridades se iban agrupando de a miles, a la espera de una autorización que les permita reencontrarse con sus familias. Apostados en el puente que conecta ambas provincias, la policía de Insfrán solicitaba permisos para ingresar que nadie podía conseguir, y hacía caso omiso de las súplicas y ruegos de la gente que hacía semanas enteras acampaba a la vera de la ruta. Personas enfermas, mayores de edad, niños y niñas, todos eran tratados con la misma frialdad por un Gobierno Provincial que se jactaba de cuidar la salud de su pueblo.

La situación se repetía en todos los accesos a la provincia. Mauro Ledesma salió desde Córdoba rumbo a El Colorado, para reencontrarse con su mujer y su pequeña hija, pero la arbitrariedad de los controles policiales se lo impidió. Cansado de los pedidos formales y presa de la desesperación decidió cruzar a nado el Río Bermejo, pero falleció en el intento. Este desgarrador ejemplo sirve para ilustrar lo que tuvieron que sufrir unas 10.000 personas para ingresar a la Provincia de Formosa, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que ordenar que -en un plazo de quince días hábiles- se garantice el ingreso a todos los ciudadanos que lo hubieran solicitado. Uno de sus considerandos estableció que las restricciones impuestas por el gobierno provincial debido a la emergencia sanitaria “deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales”.

El afán de Gildo por proteger a su pueblo del coronavirus se manifiesta en centros de aislamiento que se asemejan más a una cárcel: personas que son arrancadas de sus casas a la fuerza ante la sospecha de contagio y luego son encerradas en condiciones inhumanas por semanas enteras, sin justificación médica. Cientos de personas hacinadas, con pocos baños y en pésimas condiciones de higiene y seguridad. Sin contar con información sobre su destino ni su situación de salud, ni tener acceso a los resultados de sus hisopados, con espacios custodiados día y noche por las fuerzas policiales y esporádicas visitas médicas.

Las amenazas y la intimidación no pudieron frenar la ola de denuncias que empezó con personas exigiendo la “liberación” de familiares cercanos y se extendió como reguero de pólvora tras la detención arbitraria de Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, dos concejalas opositoras que reclamaban el cese de las medidas. La polémica escaló inmediatamente, con una mujer que perdió un embarazo durante el aislamiento por estrés, videos que mostraban a personas tomándole la temperatura a los niños a través de las rejas, y personas que denunciaban haber estado 25 días encerradas e incomunicadas a pesar de haberse realizado tres o más hisopados negativos.

El orgullo gildista fue herido, y el Gobernador en persona atacó a los denunciantes, acusándolos de querer deslegitimar el trabajo de su Gobierno y el pueblo formoseño en la lucha contra el COVID. Sus funcionarios más encumbrados defendieron la gestión, y hasta el Senador José Mayans, quien además es el Jefe de Bloque del Frente de Todos, avaló las prácticas provinciales y criticó a los que reclamaban por los Derechos Humanos diciendo que “el derecho vos lo tenés, pero no en pandemia”.

Los reclamos y denuncias escalaron: la APDH formoseña exigió al Gobierno Provincial “preservar el estado de derecho, dado que, las medidas de seguridad sanitaria no deben entrar en contradicción con la dignidad de las personas”, el Senador Luis Naidenoff de la UCR presentó una medida cautelar ante la CIDH junto al Diputado Mario Negri y Amnistía Internacional alertó por la violación de los derechos humanos en Formosa, reclamando la intervención del Gobierno nacional. Pese al tenor de los reclamos, la actitud del Gobierno Nacional se mantuvo firme en la defensa de Gildo Insfrán y el Gobierno de Formosa.

Mientras el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, anunciaba su intervención en el asunto, las autoridades formoseñas avanzaron en la liberación de buena parte de los ciudadanos aislados. Una vez que el funcionario nacional arribó a Formosa, los centros de aislamiento estaban en óptimas condiciones de limpieza y orden. Al brindar la conferencia de prensa manifestó que en sus recorridas no verificó “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” ni tampoco centros clandestinos, ya que “todos saben dónde se encuentran”, al tiempo que calificó las denuncias opositoras de “chistes”. Horacio Pietragalla, hoy funcionario nacional, es recordado por haber robado una lapicera a un colega en plena sesión del Congreso y por haber agredido a trompadas a un policía jujeño mientras reclamaba por la liberación de Milagro Sala.

Las últimas noticias provenientes de Formosa dejaron de sorprendernos y dieron paso a la indignación y la bronca generalizada. Así fueron saliendo a la luz excesos y abusos de poder de funcionarios y autoridades provinciales, sistemáticamente negadas, encubiertas o apañadas por el Gobierno Nacional. Tantos años de Gildo Insfrán al frente del poder moldearon la provincia a su medida, pero el molde se está rompiendo.

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