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La Cámara Federal ratificó la inconstitucionalidad del sistema de ingreso del Gobierno

En un nuevo fallo la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió el planteo realizado por la provincia y respaldó al Juez Fernando Carbajal.

El Gobierno había apelado la resolución de Carbajal del 5 de Noviembre pasado, donde dio lugar a un hábeas corpus de varados y ordenó a la provincia que en el plazo de cinco días fijara una fecha cierta de ingreso, que no podía ser superior a los cinco días subsiguientes.

La Fiscalía de Estado, a cargo de Estela Zabala, planteó en primer término un conflicto de competencia, argumentando el fallo del STJ que declara la competencia de la justicia provincial para   entender   en   las   acciones   referidas   a   los   protocolos   de   ingreso   y   decreta   la constitucionalidad   de   los   mismos.

Además, solicitó   que   Cámara   Federal   de   Apelaciones suspenda el trámite de la causa hasta tanto se dirima la cuestión de competencia y cuestionó la procedencia del habeas corpus, señalando que el magistrado hace lugar a la acción no porque la libertad individual se encuentre en juego, sino porque está en desacuerdo en la forma de implementación de un programa de ingreso.

Puntos destacados de la resolución

En su resolución firmada por las Dras. María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, la Cámara tira por borda los planteos de competencia y reafirma la potestad federal para atender en estos casos.

Las camaristas federales junto al Gobernador

Es contundente al afirmar que “no   puede   avalarse  el accionar desproporcionado e irrazonable del Organismo encargado del contralor del ingreso ordenado a la Provincia, toda vez que los accionantes han cumplido cabalmente con los requisitos exigidos por la normativa y, pese a ello, no han obtenido respuesta, siendo excesivo el tiempo de espera transcurrido, de entre tres y seis meses”.

Además, calificó que “la postura de las autoridades provinciales no supera el test de razonabilidad que establece la norma del art. 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades   individuales   más   allá   de   lo   tolerable”.  “No   puede   perderse   de   vista   que   los accionantes, residentes de la Provincia de Formosa, están intentado ingresar a la misma hace   más   de   tres   y  seis meses,  lo   que   les   es   impedido   bajo   amenaza   de   su   libertad ambulatoria”, agregaron.

Por otra parte, explican que “no se advierte el peligro de contagio que plantea” Zabala porque “en el procedimiento de ingreso a la Provincia deberán respetarse los protocolos establecidos por el Consejo provincial, o bien ofrecerse alternativas que permitan equilibrar los derechos en pugna sin afectar derechos personalísimos ni incurrir en demoras injustificadas y en amenazas de privación de libertad que aumentan el padecimiento de quien se encuentra en esta particular situación de vulnerabilidad”.

“La falta de capacidad en los centros de aislamiento no puede resultar un justificativo para que se vulneren los derechos de los habitantes de la provincia, debiendo en consecuencia el Estado provincial incorporar soluciones alternativas que garanticen el adecuado equilibrio que debe existir entre las políticas sanitarias y el ejercicio de los derechos de los individuos”, expusieron.

Ratificación

“El  sistema de ingresos a la provincia de Formosa, del modo en que se encuentra instrumentado,  no satisface estándares constitucionales y debe ser reorganizado a los efectos señalados ya que la apuntada falta de capacidad suficiente en los alojamientos gestionados por el Ejecutivo Provincial, así como la reiteración de causas judiciales en el mismo sentido, nos convencen de la necesidad de confirmar lo resuelto por el sentenciante de origen, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del régimen de ingreso vigente, ordenando a la Provincia de Formosa que en un plazo acotado proceda a readecuar los protocolos pertinentes, de manera tal que se   posibilite   el   ingreso   ordenado   de  la   totalidad   de   los   residentes   formoseños   que  se encuentran actualmente –y desde hace varios meses– a la espera de poder hacerlo”.

“La   espera   prolongada   acrecienta   la situación de vulnerabilidad, amén de ser a todas luces irracional pretender que quienes carecen de medios para solventar su sustento diario, puedan tenerlos para sobrevivir varios meses   más.   Es   así  que   entendemos   que   deben   extremarse   los   recaudos   a   efectos   de solucionar el grave conflicto social que la situación suscita, con la implementación de mecanismos   idóneos   que   respeten   los   principios   constitucionales   que   son   la   base   del sistema democrático”, concluyeron.

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