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Varados: La UCR solicitó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos

El presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández se presentó formalmente a la Secretaría de DDHH de la Nación para solicitar su intervención en los casos de cientos de varados, en los que se han materializado claras y manifiestas violaciones a los derechos humanos, tratos degradantes y discriminatorios.

La presentación realizada el pasado 31 de Octubre se suma a la denuncia planteada ante el INADI. “También se lo vamos a hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH), porque el estado nacional es responsable de haber incumplido y violentado derechos constitucionales básicos y tratados internacionales que suscribimos como estado en defensa de grupos vulnerables, niños y personas mayores víctimas de un trato inhumano, degradante y discriminatorio”, adelantó Hernández.

Lo hacemos porque el estado no ha movido un dedo, por el contrario, lamentablemente se ha avalado la violación de derechos humanos, no solo con su inacción, silencio y pasividad, sino lo que es peor, expresamente hablando de la ejemplaridad de las medidas, como un modo de incentivar y fortalecer la continuidad de afectaciones graves a los derechos humanos”, explicó.

Reclamó que “las imágenes contundentes, la evidencia incontrastable y la visibilidad mediática, debería ser suficiente para que actúen de oficio los organismos que están solventados con fondos públicos, con el único objeto de trabajar contra la discriminación y la violación de DDHH, pero la realidad es que miran de lejos, y esperan sentados una denuncia formal, inclusive que se justifiquen que no son los damnificados los que se presentan, cuando la vulnerabilidad resulta total”.

Hernández comentó que presentó “a modo ejemplificativo algunos casos, como el de Mauro Ledesma que ha encontrado la muerte ante el abandono y la falta de respuestas, el de la familia Barrios, Camila, Hilda que se repiten en los cientos que han sufrido el olvido, el trato inhumano, la estigmatización, y las consecuencias directas de este accionar, sin contemplar condiciones inhumanas que pusieron en peligro la integridad física y la vida de menores de edad y de ancianos”.

“Hasta el momento hemos tenido una respuesta esquiva de las autoridades, por lo menos del INADI que no solo ha justificado su inacción, sino que también ha mentido. Esperemos que sus intereses políticos se subordinen al compromiso que asumieron de defender los derechos humanos”, concluyó.

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