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Donda y el INADI tienen cajoneada una denuncia desde el 9 de Octubre

Fue en relación al aislamiento de originarios en carpas y la presentó Martín Hernández en su calidad de abogado a principio de este mes. La titular del organismo fue indagada por la prensa por su posición sobre los varados y afirmó que “tienen que llamar al INADI”.

La titular del INADI Victoria Donda se quedó sin palabras  este lunes al ser consultada por el periodista Osvaldo Bazán en Solo una vuelta más (TN) sobre la rigidez de las medidas decretadas por algunas provincias frente a la pandemia de coronavirus, que terminaron con la muerte de personas. La funcionaria fue indagada en torno a los derechos de estas víctimas y por qué el organismo que dirige no se involucra. A lo que se limitó a pedir que llamen a la línea de emergencia para denunciar y que ellos “traten de resolver la situación”.

La exdiputada salió al aire para hablar sobre el asesoramiento que el organismo le está brindando a Dolores Etchevehere en medio de un conflicto con sus hermanos, uno de ellos el exministro de Agroindustria macrista, por la posesión un campo familiar en Entre Ríos.

En un momento de la entrevista, pidió la palabra el periodista Osvaldo Bazán, quien resaltó el interés de Donda en los temas vinculados a los Derechos Humanos. Luego, le preguntó: “¿Cuál es tu opinión sobre los casos de Lucía Ponti, Serene Quiroz, María Belén Alonso, Ariel Valerian y Mauro Ledesma?”. La exdiputada hizo un largo silencio, y replicó: “¿Cuál es mi posición a qué en particular, Osvaldo?”.

El conductor Diego Sehinkman intervino y le pidió a Bazán que explicara los casos. Allí, el periodista señaló que las personas mencionadas -excepto Quiroz y Alonso- murieron como consecuencia de las restricciones impuestas por las provincias en su lucha contra el COVID-19. Y mencionó el caso de Mauro Ledesma, el joven formoseño, de 23 años, que murió ahogado cuando intentaba cruzar a nado el río Bermejo para ingresar a Formosa a ver a su hija de 2 años, tras varios meses en los que le negaban la autorización.

Relacionado a esto, criticó la postura del gobernador formoseño: “Gildo insfrán no los deja entrar porque no hay un protocolo para ingresar a la provincia”, resaltó. Y le hizo saber a la titular del INADI sobre los miles de varados que esperan en el límite de Chaco a que los dejen ingresar a la provincia, que viven a la intemperie y sin ninguna asistencia del Gobierno provincial o nacional.

“Mi mirada es que el poder tiene que velar por la salud en general, pero después por las cuestiones particulares. Habría que ver cada caso particularmente para que a cada uno se le respete su derecho”, consideró Donda. Y advirtió: “En esto yo no tengo un doble discurso”.

Ante esta respuesta, el periodista le llamó la atención a la titular del INADI por el involucramiento del organismo en la causa que enfrenta al exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, sus dos hermanos y su mamá, con su hermana Dolores por la presunta usurpación de un campo familiar en Entre Ríos. Y advirtió: “La señora que está en Formosa hace ocho meses, viviendo a la intemperie, quizás no tiene los recursos de una heredera Etchevehere para acercarse a las instituciones o para pedir ayuda”.

Sosteniendo esta postura, Bazán le consultó qué deben hacer los varados para que el organismo que encabeza pueda ayudarlos y Donda respondió: “Tienen que llamar al INADI”, y ofreció decir al aire los teléfonos de emergencia para que hagan la denuncia y ellos puedan contactarse con la provincia y “tratar de resolver la situación”.

Sin embargo, Donda y el INADI tienen ya en sus escritorios una denuncia referida a los abusos provocados por las medidas impuestas por el Gobierno de Formosa. Se trata de la denuncia presentada por Martín Hernández en colaboración con Emilia Maciel y Emanuel Ziessenis en referencia al visible trato discriminatorio que recibieron casi un centenar de originarios sometidos a 14 días de aislamiento obligatorio en el Haras policial de Bartolomé de las Casas.

Allí, estos formoseños cumplieron la cuarentena bajo carpas y en condiciones inhumanas, lo que despertó una de las polémicas más grandes que desnudaron la situación crítica de alojamiento en los centros de aislamiento preventivo de los que dispone el Gobierno de Formosa.

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