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Apareció APDH y expresó su preocupación por “la desprotección” del Estado a los varados

Luego de 7 meses de cuarentena y miles de formoseños varados, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-Regional Formosa expresó ayer su “gran preocupación ante la reincidente situación de desprotección por parte del Estado de familias, jóvenes y personas en general que necesitan reingresar al territorio provincial y quedan varados/as en el límite” provincial.

A través de una nota dirigida a las autoridades del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, y con la firma de Berta El Gandur e Ismael Rojas, la entidad recordó que desde que se implementaron las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio como estrategia sanitaria para cuidarnos de la propagación y contagio del virus COVID-19, se tomaron diversos tipos de medidas de aplicación cotidiana “que los ciudadanos y ciudadanas venimos cumpliendo”.

Recordó que en esta situación la solicitud de permiso para entrar y cumplir la cuarentena en un centro de alojamiento preventivo es un requisito indispensable.

“Sin embargo -advirtió-, este procedimiento es tan lento y acotado, que se dan casos de personas desesperadas por reingresar que no reciben respuesta o la demora pasa los tres meses. Son casos excepcionales, desesperantes, porque ya no tienen dinero, quedaron sin techo y al mismo tiempo no consiguen el permiso”, resaltó la APDH.

Indicó que “en esas condiciones, muchos se largan con la esperanza que al llegar les otorguen la posibilidad de hacer la cuarentena. Esta situación surge como parte de uno de los tantos problemas que produce esta pandemia, y como tal hay que darle una atención institucional”. Son situaciones de excepcionalidad que demandan aunar criterios para garantizar algún abordaje, aunque no se encuentren en territorio formoseño. Requiere pensar estrategias interprovinciales, interinstitucionales e intersectoriales de los organismos competentes para garantizar un retorno en las mejores condiciones cuando se lo considere pertinente. Así como los gobiernos provinciales tienen la facultad de cerrar sus límites, también tienen la responsabilidad de atender a las personas y esto supone diseñar una estrategia provincial y nacional.

“Indiferencia y silencio de los funcionarios responsables”

Tras señalar que “nadie está en condiciones de juzgar la desesperación de aquellos hermanos y hermanas que necesitan sus hogares”, remarcó que “sin embargo, la indiferencia, el silencio, la falta de escucha de los funcionarios responsables del tema se vive como un abandono o un olvido de las garantías de las personas por parte del Estado. Y en este punto, también queremos diferenciarnos de la posición oportunista de sectores políticos que siempre apuntaron contra la cuarentena”.

La entidad consideró que “a esta altura de la pandemia y la cuarentena, debería haber una estrategia interprovincial y nacional para abordar esta situación”.

“Como APDH Formosa solicitamos y exigimos medidas de trato digno y humanitario de las personas varadas en la ruta. Solicitamos que se arbitren los medios para que las personas y familias transiten la espera en condiciones dignas mediante intervenciones respetuosas. Independientemente si habían gestionado a término o no los permisos, el Estado no puede incurrir en abandono de sus ciudadanos en una situación de emergencia social, económica y sanitaria. El Estado es el único que tiene herramientas y dispositivos para responder a esta angustiante demanda”, añadió.

Sabemos que el bien mayor es preservar la salud colectiva y no alterar las medidas sociosanitarias; aún así, no puede exponerse a niños, niñas y familias enteras a situaciones que incluso ponen en riesgo su salud y amenazan la vida.

En este sentido, la organización defensora de los DDHH recordó el caso “del joven de 23 años, Mauro Rubén Ledesma, que venía de Córdoba y que quiso cruzar el Bermejo para llegar a Formosa, lo hizo en el convencimiento que no tenía chances de ser escuchado y atendido por el dispositivo COVID. Como un inmigrante extranjero que no tiene ningún derecho se largó a la deriva por el río poniendo en riesgo su vida”.

“Exigimos como APDH que el Estado dé respuesta y garantice las condiciones de espera y de tránsito en condiciones dignas y con acompañamiento psicológico como lo exigen los protocolos vigentes, para que no se reiteren hechos trágicos como el referido”, concluye la nota enviada al Consejo del COVID-19.

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