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Presentaron denuncia ante el INADI por el aislamiento de originarios en carpas

Los abogados Martín Hernández, Emilia Maciel y Emanuel Zieseniss presentaron una denuncia por discriminación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), conducido a nivel nacional por la kirchnerista Victoria Donda.

La presentación tiene por objeto la intervención del Instituto a fin de que mediante su inmediato abordaje, tratamiento y acciones haga las gestiones necesarias y urgentes para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley que rige su funcionamiento.

Los denunciantes anunciaron que la denuncia se formalizará también en diversos órganos administrativos y jurisdiccionales, nacionales e internacionales “para hacer cesar los actos discriminatorios en cuestión, establecer las sanciones y la reparación por la violación de los derechos reconocidos por las leyes nacionales y los tratados internacionales”.

En el escrito, los abogados describieron como los originarios fueron “conducidos a realizar una cuarentena obligatoria a un monte, en carpas, bajo condiciones absolutamente inadecuadas y en virtud de un tratamiento y criterios a todas luces discriminatorios, pues el accionar del gobierno de la provincia de Formosa ha denotado una conducta diferente por la la condición de originarios, que claramente limitó el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de las personas que durante la pandemia ingresaron a la provincia de Formosa”.

“Con criterios ciertamente cuestionables, el gobierno de la provincia de Formosa, fue adoptando decisiones cada vez mas arbitrarias, poco transparentes, determinando de manera discrecional el ingreso, los destinos y los tiempos de aislamiento, pero en todos los casos, el criterio fue siempre enviarlos a centros de alojamiento, hoteles, albergues y hospedajes en general en los que las condiciones podían resultar incómodas, pero siempre se trataban de construcciones de material, habitaciones aireadas, baños aptos, con mayores o menores elementos de confort, pero insistimos, siempre en la ciudad, en centros o alojamientos construidos con materiales”, relataron.

“Hasta que autorizaron a este grupo de 98 personas pertenecientes a la etnia pilagá y qom, en la que se desplegó un accionar con criterios absolutamente desiguales, con relación a las personas que habían ingresado con anterioridad, pues en este caso, no se los destinó a ninguno de los centros de aislamiento establecidos a tales efectos, sino que claramente motivado en su origen, raza o etnia, el criterio fue otro, fueron conducidos al monte y alojados en carpas, en un tratamiento completamente desigual, discriminatorio y racista, condenable”, indicaron.

“Duermen en colchones colocados sobre el piso, donde se hace imposible respetar el distanciamiento social obligatorio, son expuestos a las altas temperaturas, insectos, humo, inclusive se exponen al riesgo de los incendios, que está sufriendo nuestra extensa geografía provincial, en líneas generales, no cuentan con las condiciones mínimas de salubridad e higiene que garanticen el respeto a la dignidad de estas personas”, describieron.

El engaño y la estafa

Los letrados sostienen que los originarios “fueron engañados, no hubo consentimiento de ser alojados en condiciones inhumanas, la realidad es que no solo hay discriminación, hubo una estafa al consentimiento“.

Los damnificados denuncian que “hay garrapatas y polvorines en el lugar” y manifiestan que “es muy difícil de soportar las garrapatas, atacaron a varios jóvenes y algunas personas sufrieron picaduras de araña y debieron ser asistidas”. “Están sufriendo el trato inhumano y discriminatorio”, recalcaron los denunciantes.

Para los abogados este “es el único caso en la provincia, donde el confinamiento se ha llevado a cabo en estas condiciones y la particularidad es que la gran mayoría de las personas alojadas allí, pertenecen a pueblos originarios, es una prueba contundente de un actuar discriminatorio, pues claramente la condición de origen ha sido la causa en virtud de la cual el gobierno de la provincia de Formosa ha decidido que su destino sean el monte y las carpas”.

“No resulta un dato menor el hecho de que existen diversos edificios públicos, tales como escuelas ubicadas en cercanía a ese lugar, que no están siendo utilizadas para el dictado de clases justamente por la pandemia que estamos atravesando, la cuales se podrían destinar a los fines del confinamiento preventivo, garantizando muchas más comodidades que las carpas en las cuales se encuentran alojadas estas personas”, argumentaron.

“Esta es una actitud  discriminatoria, intolerable, y además ilegal y que merece no solo el inmediato cese de la conducta, sino también severas sanciones, que esperemos que el Instituto se ponga al frente y formalice, no acompañe y fundamentalmente represente a los damnificados por esta vulneración claramente dolosa”, afirmaron.

“No se ha tratado simplemente de una desinteligencia (igualmente condenable), no fue negligencia; fue un acto premeditado, convencido y además de eso sostenido, defendido y justificado por las autoridades del gobierno provincial”, denunciaron.

“Una verdadera vergüenza, una confirmación de la matriz racista en la que los formoseños que no pertenecen a las comunidades originarias son destinados a centros de alojamientos edificados, y los originarios van al monte y con carpas”, aseveraron.

“No hay explicación, hay justificación convencida del acto racista y discriminatorio, lo cierto es que pudiendo destinar y acondicionar algún edificio público que garantice las condiciones de salubridad e higiene, necesarias para resguardar la dignidad de estas personas, prefirieron alojarlos en condiciones infrahumanas”, concluyeron.

 

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