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Opinión

Editorial: Cortocircuitos preventivos

Cuando desde el Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19 anunciaron que trabajadores del centro de aislamiento preventivo que funciona en el Juan Pablo II fueron diagnosticados como casos positivos de coronavirus algo cambió en Formosa.

Si bien el Gobernador afirma que todos los casos en Formosa “son importados” y el Ministro González afirma y reafirma que “no hay circulación comunitaria del virus”, tras estos casos, hubo un evidente cortocircuito en las relaciones del poder interprovincial.

Uno de los casos positivos, sería un abogado al que ahora nadie conoce, que no trabaja en ningún lugar, y que nadie explica qué función cumplía en el centro de aislamiento del Juan Pablo II.

Mientras el Consejo evadía continuamente las preguntas de la prensa sobre este caso en particular, el Superior Tribunal de Justicia procedía a suspender sus actividades y a realizar la desinfección de los edificios donde habría circulado el abogado en cuestión.

Al ser consultados del por qué el Poder Judicial tomaba estas drásticas medidas, por primera vez en mucho tiempo, el Gobierno Provincial reivindicaba con absoluta hipocresía y deshonestidad intelectual la independencia de los poderes del Estado, esquivando así la responsabilidad que el Consejo de Emergencia se arroga a diario a través del decreto 100/20 firmado por Insfrán.

A su vez, quienes se auto halagan diariamente de ser responsables de la salud de todos los formoseños no intervinieron ante las dificultades logísticas del Poder Judicial para llevar adelante las medidas sanitarias y preventivas en sus instalaciones.

Fue la Municipalidad de Formosa, a cargo del Intendente que últimamente sólo aparece públicamente en las efemérides (se nos viene al recuerdo el póstumo Vicegobernador Floro Bogado), quien asistió con una brigada sanitaria al Poder Judicial para completar las tareas de desinfección.

Fue también el Superior Tribunal, quien mandó a la casa a cumplir cuarentena obligatoria a 6 empleados judiciales porque habrían tenido contacto con el abogado que dio positivo a COVID-19. Llamativamente, al menos con la información pública que se maneja, estas personas no fueron ni a un hospital público ni a un centro de aislamiento. ¿Estarán contemplados en las estadísticas del gobierno como casos sospechosos? ¿Se los testeó para su propia tranquilidad y de la comunidad?

De repente, el afán republicano del Gobierno intenta esconder un cortocircuito poco frecuente entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El Superior Tribunal se adelantó a la información del Consejo y tomó medidas preventivas propias que le significaron la indiferencia política y sanitaria del quinto piso.

A esta situación, se le suma el diácono Director de Cáritas Diocesana y uno de los responsables habituales del Juan Pablo II en tiempos de normalidad, Ramón Cubilla. El religioso apuntó al corazón del Gobierno por los contagios de los trabajadores, criticó el cumplimiento de las medidas sanitarias y deslizó sospechas sobre la posibilidad de contagios entre el personal policial que cumple tareas en el centro de aislamiento.

Como consecuencia, desató la furia del Ministro de Gobierno, que con la soberbia que lo caracteriza deslegitimó al diácono y refutó sus declaraciones.

En el medio, los formoseños que entre el susto y la prevención, ven cada día que pasa más deslegitimado el manejo de la información oficial.

Si ocultar no es lo mismo que mentir, se parece bastante.

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