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Diputados provinciales de JxC repudian la decisión de devolver pensión vitalicia a Boudou

Ayer a la mañana, diputados que conforman el bloque de Juntos por el Cambio en Formosa presentaron ante la Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto para repudiar la devolución de la pensión vitalicia al condenado ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Fue el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini quien favoreció con el pago de una pensión equivalente a $400 mil pesos correspondientes a los pagos suspendidos en los años que estuvo preso.

En el artículo número 1, los legisladores expresan el más enérgico repudio al Dictamen Jurídico de la Procuración General del Tesoro a cargo de Carlos Zannini, que nulifica en anterior dictamen del mismo organismo, por el cual hoy habilitaría a Amado Boudou, ex-vicepresidente de la Nación, a acceder al beneficio que otorga el art. 1 de la ley 24.018, en virtud de haber sido condenado por delitos contra la administración pública.

A continuación, exhortan al presidente de la Nación a dar claras y precisas instrucciones a la titular del ANSES, María Fernanda Raverta, de negar cualquier beneficio previsional a Boudou, en virtud de haber sido condenado por delitos contra la administración pública.

En el artículo cuatro exhortan a los señores Diputados y Senadores Nacionales por la provincia de Formosa, ante el Honorable Congreso de la Nación, a presentar un Proyecto de Ley que invalide cualquier violación a las normas actuales y prever una normativa clara e imperativa que impida nuevas acciones tendientes a violentar el Sistema Previsional Argentino o mantener Jubilaciones de Privilegio en favor de cualquier persona que haya sido condenada por delitos contra la administración pública.

En los fundamentos de la presentación lamentan que el “el Procurador General del Tesoro de la Nación perjudicó los intereses que le fueron confiados en el cargo que le fuere conferido en honor”.

“El dictado de la decisión en cuestión importa un perjuicio intencional a los intereses del Estado Nacional, que al Procurador del Tesoro de la Nación le compete resguardar en tanto titular del cuerpo de abogados del Estado, por cuanto implica habilitar el pago retroactivo del beneficio referido y que lo siga percibiendo quien reviste a la fecha el carácter de condenado, aún por sentencia no firme, a la pena de cinco años y seis meses de prisión, más inhabilitación absoluta perpetua, por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. La pena fue impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 4 el 7 de agosto de 2018”, explican los diputados.

Asimismo, sostienen que “la República Argentina asumió en dos convenciones internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24.759) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097), el compromiso de actuar progresivamente para prevenir y sancionar ese tipo de delitos contra la Administración Pública, a los que en tales instrumentos internacionales se los considera deletéreos para con el sistema democrático y el progreso socio económico de los países firmantes.

En la misma línea, la Constitución Nacional establece que atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

Además, considera la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones como causal de destitución por juicio político (arts. 36 y 53)”.
A continuación, argumentaron que el nombrado y el Dr. Carlos Zannini, compartieron la gestión de gobierno entre 2011 y 2015. Amado Boudou como vicepresidente de la Nación y el segundo de ellos como Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, “además de haber dado numerosas muestras de mantener una relación de amistad y mutuo sostén. Ambos estuvieron detenidos por decisión judicial durante los últimos años y tienen procesos en trámite por delitos contra la administración pública”.

Se indicó que por todo lo expuesto no puede ser mirada con objetividad la decisión emergente del Dictamen Jurídico IF-2020-28204159–APN-PTN de la Procuración General del Tesoro de la Nación, que declaró la nulidad de la anteriormente descripta, por cuanto ante un planteo de composición del conflicto realizado por el patrocinio de Amado Boudou, mediante una propuesta de acuerdo conciliatorio, “directamente se optó por la referida anulación del acto administrativo precedente, en un término muy corto para el común de los casos, con fundamentos claramente inconsistentes frente al contexto jurídico antes mencionado y poniendo al Estado en situación de pagar una suma relevante en concepto de prestaciones que ahora aparecen como adeudadas”.

“Aun cuando se discrepe con los fundamentos del dictamen originario, del 16 de agosto de 2018, de ninguna manera puede considerárselo nulo, pues cumplió con todos los requisitos formales y substanciales para su dictado. La única finalidad de considerárselo nulo fue quitarle todo efecto jurídico para permitir el atropello económico que emerge de la decisión expuesta en el Dictamen Jurídico IF-2020-28204159–APN-PTN”, se expuso.

“Es evidente la intención de beneficiar al ‘amigo y compañero’ Amado Boudou, por la velocidad del trámite y el exceso en lo pedido, ya que, frente a una propuesta de acuerdo conciliatorio, que implicaba renuncias en favor del Estado, directamente se optó por quitarle validez al sustento jurídico que impedía el otorgamiento de la pensión graciable en juego”, lanzan los diputados en los fundamentos del proyecto en cuestión.

“Omitiendo las circunstancias objetivas antes expuestas: las obligaciones de la República Argentina en materia de corrupción y la condena impuesta al beneficiario en su carácter de funcionario público, que implica inhabilitación perpetua y la pérdida consecuente de los derechos emergentes del cargo (art. 20 del Código Penal). Al respecto, cabe destacar que la pensión que otorga la ley 24.018 es por consecuencia del cargo ejercido y no un derecho jubilatorio, de modo que necesariamente va acollarado a los privilegios funcionales cuya pérdida determina la ley penal”, dice en otro párrafo del escrito.

“Consecuentemente, dejando de lado los deberes de imparcialidad y objetividad que le imponen las normas administrativas y la Ley de Ética Pública, perjudicando los intereses económicos del Estado para beneficiar a un amigo personal y omitiendo la consideración de expresas normas que determinan la función del Procurador del Tesoro de la Nación, en cuanto custodio jurídico de los intereses estatales, Carlos Zannini emitió el dictamen IF-2020-28204159–APN-PTN, pudiendo incluso estar incurso en la tipificación de la conducta delictiva contenida en el artículo art. 271 del Código Penal, prevaricato, lo cual deberá ser determinado oportunamente”, cierra el Bloque.

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