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Así fracasaron la soberanía alimentaria y la política de expropiación de Chávez y Maduro

De la mano del mandatario fallecido, la mano visible del Estado se convirtió en el principal actor en el sector agroalimentario cosechando empresas quebradas y caída de la producción.

En 2007 el ex presidente Hugo Chávez le anunció a Venezuela el propósito de alcanzar la “soberanía alimentaria” a través de un plan que redujo al sector privado y aumentó el peso del Estado en todas las áreas de la producción y distribución de alimentos, mediante la expropiación y control de empresas.

El Gobierno obtuvo el dominio en la producción de café tras asumir la administración de empresas de referencia en el ramo como Fama de América y Café Madrid; comenzó a gestionar 11 centrales azucareras de los 17 que existían en el país, dos empresas lácteas, cuatro compañías en el área de la pesca y pasó a controlar un conjunto de fábricas con capacidad instalada para abastecer a la mitad del mercado de harina de maíz precocida.

En total, entre 2007 y 2012, el Estado tomó el control de 26 empresas en el sector de alimentos y fundó compañías de helados, sardinas y atún. Además, expropió silos, empaquetadoras, centros de acopio y seis millones de hectáreas a “los terratenientes” para asegurar la producción de arroz, carne y leche.

La mayoría de las empresas fueron expropiadas bajo el argumento legal de que “es deber del Estado garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la población, adoptando las medidas necesarias para obtener niveles estratégicos de autoabastecimiento y garantizarle a toda la población la disponibilidad, el acceso, el intercambio y la distribución equitativa de los alimentos”.

Como un presagio de lo que ocurriría con buena parte de la madeja de empresas bajo gestión del Gobierno quedó la anécdota de los helados. El 20 de octubre de 2012 Hugo Chávez inauguró la fábrica de helados Coppelia para producir 26.000 unidades diarias. Pero dos semanas después, el propio Chávez admitió la paralización de la planta por la pésima planificación.

“Yo recuerdo que hicimos el pase y comimos helado ¡hasta Fidel (Castro) me mandó un mensaje!”, expresó malhumorado el “comandante eterno” como hoy se refieren a él los altos jerarcas del chavismo, y apeló a la lógica: “Si se va a inaugurar una fábrica ¿cómo es que nadie pensó en la materia prima? ¿Tú la vas a inaugurar para un día?”.

El resultado

Alejandro Gutiérrez, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, precisa que “la producción per cápita de la industria de alimentos declinó, en promedio, 7,3% cada año durante el período 2008-2017”.

Un estudio de Transparencia Venezuela señala que rápidamente las empresas expropiadas en rubros como café y azúcar comenzaron a emplear una mínima porción de la capacidad instalada y la producción comenzó a descender.

Fama de América, una emblemática empresa en el mercado de café produjo en 2009, año en que fue expropiada, 18.600 toneladas de café y en 2015 la producción había caído 87%, a tan solo 2.500 toneladas.

En 2017 los trabajadores de Fama de América emitieron un comunicado denunciando que “el 40% de los equipos estaban dañados y la producción en 2016 fue equivalente a lo que la empresa habría hecho en un mes”.

En el caso de las centrales azucareras en manos del Gobierno en 2016 la mayoría no estaban operativos y solo procesaron 2% de la caña de azúcar disponible.

Las causas por las que el Gobierno fracasó como empresario son conocidas: lealtad política como principal condición al momento de seleccionar a los gerentes, opacidad en la condición financiera de las compañías, crecimiento desproporcionado del número de trabajadores y precios controlados que no reportan rentabilidad.

Otro elemento para tener en cuenta es lo que expertos como Janos Kornai denominan “restricción presupuestaria blanda”, es decir, cómo el Estado cubre las pérdidas de las empresas públicas, hay pocos incentivos para reducir costos, obtener ganancias y no aumentar el número de empleados por objetivos políticos.

Las empresas agroindustriales públicas han tenido pérdidas económicas y la mayoría de ellas se encuentran paralizadas por falta de materia prima, equipos dañados, ausentismo laboral y fallas en el servicio eléctrico”, señala Alejandro Gutiérrez en un análisis sobre el sistema alimentario del país.

Tras años de desinversión y mala gerencia el sistema eléctrico, controlado por el Estado, colapsó y a diario hay apagones que paralizan las plantas de la industria pública y privada. Otro factor a tomar en cuenta es la falta de divisas para importar materia prima: el petróleo provee más de dos tercios de los dólares que ingresan al país y la producción se desplomó a 660 mil barriles diarios, el nivel más bajo desde 1943.

Comer menos

El declive en la elaboración de alimentos, tanto de las empresas públicas como privadas, es palpable en la poca cantidad de productos a disposición de los consumidores. De acuerdo con la Red Agroalimentaria de Venezuela, una ONG que realiza un seguimiento constante a la alimentación en el país, en 2019 la oferta de alimentos apenas representó 54 por ciento de las necesidades de calorías y 52 por ciento de las de proteínas.

La baja producción no ha generado una escasez aguda porque la hiperinflación, que estalló en noviembre de 2017, y aún no cesa, pulverizó la capacidad de compra del salario y hundió el consumo de alimentos.

El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas fue invitado por el Gobierno de Nicolás Maduro a realizar una evaluación de seguridad alimentaria en el país entre julio y septiembre de 2019: el estudio determinó que el 60% de los hogares redujo el tamaño de la porción de sus comidas.

En un intento por aliviar el descenso del consumo de alimentos, la administración de Nicolás Maduro reparte cajas de comida a precios subsidiados a las familias de menos recursos. Básicamente la ayuda consiste en harina de maíz, harina de trigo, pasta, aceite, leche en polvo, arroz, atún enlatado, azúcar y granos.

Después de trece años de haber iniciado el plan para alcanzar la soberanía alimentaria, buena parte de los alimentos que reparte el Gobierno son comprados a México y Turquía.

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