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La oposición rechazó la intervención estatal de Vicentin y consideró que es una “señal trágica”

Juntos por el Cambio encargó análisis técnicos sobre la situación de la empresa.

A la espera del proyecto de expropiación que Alberto Fernández enviará al Parlamento en los próximos días, la oposición de Juntos por el Cambio salió a rechazar la intervención de Vicentin, la sexta empresa del sector agroexportador de la Argentina, concursada y con una deuda de USD 1.350 millones.

“No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos”, escribió el diputado del PRO Luciano Laspina en su cuenta de Twitter minutos después del anuncio presidencial. Enseguida agregó: “Tengo algunas dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que nos costó USD 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún esperamos los beneficios”.

“En principio no estamos de acuerdo con las expropiaciones. Es una forma de hacer una junta nacional de granos encubierta y que nos comamos todas las deudas. Ahora vamos a hablar entre todos, pero las primeras charlas son estas”, subrayó a este medio una altísima fuente partidaria del PRO, cuyos grupos de WhatsApp se revitalizaron este lunes con el anuncio de Casa Rosada. Se espera un comunicado oficial firmado por los presidentes de los bloques opositores entrada la noche.

Según pudo saber este medio de fuentes de la coalición, desde Juntos por el Cambio se aprestaban a analizar el tema en profundidad, aunque por ahora reina una “extrema precaución”, como remarcaron desde el radicalismo parlamentario. El bloque de la UCR en Diputados se encontraba reunido por otros temas vinculados a la renegociación de la deuda, un encuentro ya pactado con anterioridad, mientras el Presidente, el ministro Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti y Gabriel Delgado, el economista del INTA de confianza de Fernández que se hará cargo de la intervención de la compañía, promediaban el anuncio oficial.

Durante la tarde hubo intercambios en ese sentido, por ejemplo, entre dirigentes radicales y del PRO y el ex procurador Bernardo Saravia Frías, a quién desde Cambiemos le encomendaron un análisis del tema y la revisión del DNU de intervención que será publicado en las próximas horas. Fuentes de Juntos por el Cambio insisten en el antecedente Repsol YPF y la expropiación de la petrolera, tal como abundó Laspina en sus redes sociales. La oposición pretende estudiar el tema en profundidad para después sentar posición oficial.

“En lo jurídico están cometiendo el error de YPF: la intervención previa, que abre demandas millonarias. Hay un concurso y hay un juez. El accionista no pierde el control de la empresa en el concurso, salvo cuando el juez dicta una intervención judicial. Acá hay un Poder Ejecutivo que se entromete y después ve si expropia. ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba la expropiación?”, se preguntaban desde los equipos técnicos de la coalición opositora. “En YPF hicieron lo mismo y el viernes perdimos un juicio de USD 5.1000 millones. O hacemos un régimen general para todas las empresas que están en esta situación, como lo hicieron Estados Unidos o Francia. O tomas una empresa y determinas en cuál intervenís o no. Se va a pagar con juicios posteriores”, agregaban.

Luis Petri, diputado de la UCR -enrolado en la llamada “ala dura” de Cambiemos, fue un poco más allá. “La expropiación de Vicentin es un muy mal mensaje que da el Gobierno, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas, el Gobierno gira a la Venezuela”, escribió en su cuenta de Twitter.

Federico Pinedo, que encabeza el “comité del día después” de Cambiemos -conformado por dirigentes y ex funcionarios del gobierno anterior-, que trabaja en temas vinculados a la economía, la energía y el rubro social en un documento que ya fue elevado al partido, también rechazó el anuncio. “Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica”, escribió en sus redes.

“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder, para que continúe funcionando y sus trabajadores tenga la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”, aseguró el Presidente durante la oficialización de la novedad en el salón de conferencias del segundo piso de la Casa Rosada.

La intervención se basó en buena medida en el informe que Claudio Lozano, director del Banco Nación -principal acreedor de la firma-, elaboró en enero. La mayoría accionaria de la empresa está en manos de la multinacional suiza Glencore.

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