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Opinión

La reforma al código de faltas vulnera derechos constitucionales básicos

Por Juan Sebastián Montoya. Abogado. Especialista en Derecho Penal

Ante la consulta vinculada al proyecto enviado por el poder ejecutivo provincial a la Legislatura sobre medidas de arresto para quienes incumplen las directivas de las autoridades sanitarias, surgen una serie de interrogantes o cuestiones que es necesario esclarecer a la sociedad, a fin de tener una verdadera dimensión de la gravedad de una modificación de esta naturaleza.

En este sentido es importante tener en cuenta que las normas en general y en particular las de índole penal, no pueden ser sancionadas de manera intempestiva, requieren un amplio debate, en la sociedad, en las instituciones, y en el proceso legislativo, y  para ello es necesario escuchar a todos los actores del sistema judicial, pue así se evitaría incurrir en el error de sancionar leyes arbitrarias, que además de vulnerar derechos fundamentales, generarían innumerables planteos judiciales y una sobrecarga innecesaria e injustificada al poder judicial, que bastante colapsado está por diversos motivos, y actualmente por su limitada actividad en esta feria extraordinaria.

Las normas que regulan restricciones a derechos fundamentales, como la libertad de circulación y la del ejercicio del comercio, de modo alguno pueden ser abiertas o en blanco, ya que estas per se, son objeto recurrente de planteos inconstitucionales y violan garantías fundamentales como el principio de legalidad.

Claramente es lo que sucede en el art. 2 de la reforma en cuestión. Podemos observar allí, la indeterminación de la conducta que se pretende castigar, al indicar “…se sancionará lo que establezca la autoridad en materia de salud e higiene”, resultando visible que estamos en presencia de una norma penal abierta, que para ser aplicada estará sujeta a interpretaciones arbitrarias de la mencionada autoridad, dotándolas así del poder de establecer que es o no una falta, y consecuentemente, la procedencia o no de la privación del derecho a la libertad ambulatoria de un ciudadano.

Además de la gravedad de lo hasta aquí expuesto, resulta peor aún, pues debemos tener en cuenta, que la norma sancionada estará sujeta al control jurisdiccional de la justicia de faltas, regulada por un proceso inquisitivo y arcaico, que no garantiza los estándares mínimos del principio de legalidad, es decir, que en este proceso no estará garantizada la defensa en juicio de los eventuales imputados, quienes podrán ser condenados sin un juicio justo, ante la ausencia de algo tan básico como la actuación, de un fiscal, un defensor y un juez imparcial.

Seguramente se discutirá mucho sobre esta reforma, en términos políticos, pero claramente es indiscutible que esta modificación al código de faltas es endeble, inconstitucional y carece absolutamente de sustento técnico legal. Todo ello nos obliga a un debate amplio respecto de la necesidad de reforma de nuestro ordenamiento contravencional, que necesariamente debe ajustarse y respetar todas las garantías constitucionales de los ciudadanos, que a la fecha siguen siendo vulneradas sistemáticamente.

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