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Arce impulsa en el Congreso propuestas para ampliar la detección de extranjeros con doble beneficios

Esta semana se concretó en el Juzgado Federal Nº1 la nueva denuncia por irregularidades en el pago de beneficios sociales (caso IFE) por parte del Estado Argentino a ciudadanos paraguayos que no residen de manera permanente en el país, y que simultaneamente perciben prestaciones sociales en su lugar de origen a traves de los programas Pytyvo y Ñangareko.

En un trabajo minucioso y detallado, los denunciantes Gabriel y Martín Hernandez lograron constatar y elevar a la justicia más de 130 casos de extranjeros en esta situación.

Siguiendo con esta linea investigativa, desde el Congreso de la Nación el diputado formoseño Mario Arce (JxC) propuso ir más lejos solicitando acciones conjuntas entre el Gobierno Argentino y los países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile), y la intervención de distintos organismos de control.

En este sentido con el apoyo de una veintena de diputados de todo el país el día jueves elevó varias proyectos legislativos.

CRUZAMIENTO DE DATOS ENTRE PAISES (EXP. 2241 – D – 2020)

En primer lugar instó a las autoridades del gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar el cruzamiento de datos de los registros de beneficiarios (Anses) con los registros de los países limítrofes, en especial la República del Paraguay, con el fin de detectar casos de personas que perciban doble beneficio en un país y en otro.

“La idea es que si se constata la incompatibilidad se pueda dar de baja automáticamente cualquier beneficio mensual o circunstancial, ya que esto le representa un fraude al Estado y un gasto fiscal enorme”, resaltó.

INTERVENCION DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN (EXP. 2240 – D – 2020)

En segundo lugar propone a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (compuesta por diputados y senadores) que incluya en el Plan de Acción de la AGN una auditoría para iniciar un proceso de investigación sobre fondos y la participación de organismos públicos en el otorgamiento ilicito de beneficios sociales y previsionales.

“La Auditoría General de la Nación funciona como órgano técnico de control externo de todo el sector público nacional”

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA (EXP. 2242 -D – 2020)

Por último la tercera iniciativa el legislador impulsa la Creación de una Comisión Especial Investigadora sobre Fraude Electoral, Asistencial y Previsional en Zonas de Frontera cuyo autor en su momento fue el ex Diputado Nacional y uno de los denunciantes Martin Hernández.

DECLARACIONES DE FUNCIONARIOS PROVINCIALES

Respecto a la posición del Gobierno de Formosa desacreditando la denuncia penal, Arce dijo: “No sorprende que quieran seguir tapando una realidad porque cada vez que se tocan estos temas denotan nerviosismo y salen a victimizarse diciendo de que son operaciones mediáticas llevadas a cabo por la oposición”

Y agregó “le tienen terror a los medios nacionales, pero en vez de mostrar que no hay nada que ocultar, salen perseguidos con los tapones de punta”.

“No denunciar, ni tener la voluntad de investigar como Estado provincial teniendo todas las herramientas para hacerlo, resulta raro y los pone como mínimo en la situación de cómplices, porque naturalizan una evidente defraudación a las arcas públicas al que todos los ciudadanos argentinos contribuyen”, manifestó.

En relación a que hizo Cambiemos los últimos 4 años respondió “del festival descontrolado de planes que veníamos en 2015, luego se hizo mucho por verificar caso por caso a través de relevamientos y constataciones de millones de beneficiarios que cobraban alguna prestación social o previsional, y continuó diciendo “recordemos que esta decisión de controlar generó bajas justificadas por irregularidades y como contrapartida fue utilizada como campaña por el Frente de Todos, para ensuciar y desprestigiar una gestión”.

Y cerró con datos diciendo “en Formosa del 2015 al 2019, durante el Gobierno Nacional de Juntos por el Cambio se efectuaron cientos de denuncias, hubieron 4800 imputados, 3700 beneficiarios dados de baja, 1000 constataciones efectivas hechas por Gendarmería, donde se verificaron domicilios falsos o inexistentes y Anses se constituyó como querellante, la mayoria otorgada en los 12 años del kichnerismo”.

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