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Hernández solicitó la suspensión preventiva del pago de la IFE a las personas que cobran igual beneficio en Paraguay

El Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Formosa doctor Martín Hernández, y el apoderado legal de la UCR doctor Gabriel Hernández, se presentaron ante la Justicia Federal de Primera Instancia Nº 1 de Formosa a efectos de ampliar la denuncia penal presentada por Fraude en perjuicio de la Administración Pública, con DNI adulterados y domicilios falsos, retención de documentos y falsedad ideológica en la causa de los miles de Paraguayos con doble nacionalidad que ingresan ilegalmente por pasos clandestinos para cobrar planes sociales y previsionales Argentinos.

Venimos a ampliar la denuncia penal que dió origen a estas actuaciones por nuevos hechos delictivos de Fraude en perjuicio de la Administración Pública, y otros ilícitos que afectan la salud pública, por violación de las normas de prevención sanitaria establecidas en el marco de la pandemia de COVID-19.

Solicitaron se disponga la MEDIDA CAUTELAR URGENTE de suspensión del pago de beneficios sociales, a los extranjeros que cobran similares beneficios en Paraguay.

Por lo que solicitaron que se disponga la MEDIDA CAUTELAR URGENTE de suspensión del pago de beneficios sociales, mientras se mantenga la actual situación de emergencia sanitaria, a las personas que perciben beneficios abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Social 2 (ANSES) y que figuran asimismo en el listado de los programas PYTYVO y ÑANGAREKO que abona el Gobierno de la República del Paraguay.

También solicitaron que igual medida se disponga respecto de las personas que se encuentran imputadas en ese Tribunal en orden a los delitos de declarar domicilio falso y falsedad ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad, tratándose de sujetos que se ha constatado que no residen en los domicilios que han declarado en territorio argentino, existiendo elementos probatorios que indican que residen en la República del Paraguay.

Fraude en perjuicio de la Administración Pública

Esta ampliación de denuncia se basa en dos hechos nuevos, que son de dominio público. En primer lugar, que como consecuencia de la cuarentena establecida por el Gobierno nacional, se otorgó un nuevo beneficio social, que se abona a través de la ANSES: el Ingreso Familiar de Emergencia (I.F.E.).

Como acreditaron en la presentación, varios de los imputados en la presente causa, a pesar de estar probado que no residen en los domicilios que declararon en territorio argentino, están percibiendo el referido Ingreso Familiar de Emergencia, que solamente pueden recibir quienes residen efectivamente en nuestro país. Ello configura el delito de Fraude en perjuicio de la Administración Pública.

Por otra parte, también es de público y notorio conocimiento que en plena cuarentena miles de personas de nacionalidad paraguaya están cruzando la frontera en la zona de la ciudad de Clorinda, a través de pasos clandestinos para cobrar la IFE, violando las medidas sanitarias dispuestas por el Estado Argentino por la pandemia de Coronavirus, a fin de proteger la salud pública.

Más allá de que estas personas registren domicilio en la provincia de Formosa, el hecho delictivo surge acreditado porque violaron el cierre de fronteras cruzando los límites internacionales para ingresar a Formosa “para cobrar la ayuda oficial”, eludiendo los controles sanitarios y el cumplimiento de las medidas preventivas instauradas por las normas legales Argentinas.

Varias personas fueron detenidas por la Policía de Formosa al ser detectados ingresando a territorio argentino por medio de un paso clandestino, desde el Paraguay a nuestro país. Todos los detenidos tienen domicilio en Asunción, pero arribaron a Clorinda para cobrar beneficios sociales en el banco.

La propia policía informó que “Hay cientos de pasos clandestinos desde el Paraguay hacia Clorinda” y que “La Policía de Formosa intensificó el operativo de control en las zonas ribereñas en un esfuerzo tendiente a detectar personas que ingresan por pasos clandestinos a territorio argentino y ponen en peligro la salud pública ya que pueden propagar el COVID 19 desde el vecino país”.

Agrega que “El paso fronterizo de San Ignacio de Loyola “está cerrado”, pero gran parte del río Pilcomayo “está muy bajo y se puede pasar en botas” o utilizando puentes clandestinos. En ese sector, Policía y Gendarmería trabajan en forma conjunta”. “Desde inicios de la cuarentena, hubo muchas personas que fueron descubiertas tratando de violar lo dispuesto por autoridad sanitaria e infringiendo el DNU N-260-297-313-325-355- y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, ratificado por Decreto Provincial N-100/20 P.E.P.”

Los detenidos al ser detectados por la Policía, dijeron que habían llegado a territorio argentino para cobrar beneficios en el banco”.

Los delitos cometidos, la violación de las normas sanitarias y el riesgo de propagar la enfermedad

La circunstancia de que personas imputadas en la presente causa por haber declarado domicilio falso estén percibiendo el referido Ingreso Familiar de Emergencia (I.F.E.), configura el delito de Fraude en perjuicio de la Administración Pública, ya que si no residen en territorio argentino, no tienen derecho a percibir el I.F.E. y menos de ingresar clandestinamente arriesgando la salud pública.

Las personas que ingresan a la provincia de Formosa utilizando precarias pasarelas sobre el cauce casi seco del río Pilcomayo, como así también los que cruzan el río Paraguay utilizando botes o lanchas y desembarcan clandestinamente en territorio argentino en sectores no controlados por las autoridades, sin cumplir el período de aislamiento preventivo y obligatorio de 14 días, incurren en el delito porque están violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

El delito puede cometerlo tanto aquel que activamente viole alguna de las medidas dispuestas por las autoridades con el objetivo de combatir la pandemia, como aquélla que omita realizar lo que el decreto le ordena.

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